Ser Nica en Costa Rica

Oficialmente, los nicaragüenses con cédula de residencia en Costa Rica ya superan los 300 mil. Pero las organizaciones que trabajan con la población migrante aseguran que los nicas en situaciuón irregular bien podrían llegar al millón de personas, quienes parecen ser el principal blanco de una Ley Migratoria que entró en vigencia el pasado 1 de marzo, y que es muy similar en algunos puntos a la criticada ley migratoria de Arizona.

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Los controles establecidos en la nueva ley de Migración y Extranjería, que entró en vigencia en Costa Rica el pasado 1ro de marzo, provocaron tanto temor en la casa de la señora Benigna Romero que su sobrina embarazada decidió viajar a Nicaragua para dar a luz al último de sus tres retoños.

Y mientras Verónica Silva cruzaba la frontera para parir, otras familias que habitan el barrio San José, en el Cantón de Curridabat, optaron por no enviar a sus hijos a la escuela y dejarlos encerrados en sus casas, para evitar que a través de los niños se les pudiera seguir la pista a los padres.

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Y es que la ley señala que la Policía Migratoria podrá ingresar a cualquier sitio y efectuar inspecciones en hoteles y lugares de trabajo.

También se autoriza a ejercer control migratorio en los sitios de diversión, espectáculos públicos, autobuses, paradas, entrada de centros comerciales y calles.

Sólo se excluye de las inspecciones las habitaciones privadas donde se deberá presentar una orden judicial para ingresar.

Gerardo Sánchez de la Confederación Solidaridad, una organización que trabaja con población migrante en asentamientos como La Carpio, expresa que la ley aún no ha sido debidamente reglamentada, por lo que se presta a muchas interpretaciones.

Y aún no se establecen los procedimientos y tiempos que podrían permitirle a una familia evitar la deportación de uno de sus miembros.

“La ley se ha comenzado a aplicar sin el reglamento y eso deja en la indefensión a muchas personas. Y se presta a arbitrariedades como por ejemplo un caso que tramitamos de un hombre al que se lo llevaron estando acompañado de menores de edad, y por temor o por la misma situación irregular en su estatus migratorio, los familiares no reclamaron a los niños y estos fueron llevados a un centro del Programa de Atención a la Niñez hasta que nos presentamos con un familiar con residencia”, contó Sánchez.

Asunto de Estado

Estos vacios fueron reconocidos por el Director de Migración y Extranjería costarricense, Mario Zamora, durante una conferencia de prensa celebrada a mediados de marzo pasado.

Pero el funcionario también argumentó que la Ley era necesaria.

“No es perfecta (la ley), pero consideramos que es urgente regular la situación migratoria de muchas personas, no sólo nicaragüenses. Y en el caso de los nicaragüenses lamentamos que no tengan facilidades para comenzar a regular su situación, pero no podemos detenerla”, destacó en su momento Zamora, quien bajo el gobierno de Chinchilla asumió el puesto de Ministro de Seguridad.

Antonio Cajina Estrella, quien es el representante de la Confederación Solidaridad en el precario Barrio Nuevo, ubicado en el margen del río María Aguilar, cree que el hecho que para Costa Rica algunos nicaragüenses representen un problema, sobre todo en materia de inseguridad, no facilita las cosas.

Foto: María Haydée Brenes, La Brújula Semanal

“No podemos negar la realidad, muchos, la mayoría de nicaragüenses venimos a trabajar honradamente y luchamos a diario. Pero también hay gente que anda en malos pasos y así pagamos todos" dijo.

Pero Cajina Estrella se quejó sobre todo de la falta de interés real por parte de las autoridades y políticos nicaraguenses, que en su opinión deberían tratar el tema como un verdadero asunto de estado.

"Este no es nuestro país, y duele que a pesar de todo aquí te presten más ayuda las autoridades ticas que las nicas”, dijo.

“Cada vez que hay elecciones en Nicaragua vienen los candidatos o mandan delegados a pedir votos, nos prometen, pero no hay compromisos. Por eso nosotros quisimos que firmaran compromisos con nosotros. Así tuvimos a diputados liberales asegurándonos la cedulación. También hubo gente del Frente comprometiéndose a construir casas en alianza con el gobierno costarricense. Pero fueron como siempre papel mojado. Y para colmo llegamos al Consulado y no se nos presta ayuda. Nos tratan como pelota de un lado a otro”, se quejó Cajina Estrella.

Cercados

Por si fuese poco, la nueva ley migratoria también está diseñada para hacer más difícil que los imigrantes ilegales consigan trabajo.

En su Título IX establece multas de hasta por doce salarios básicos para aquellos que contraten, impidan una inspección o alojen en sus casas a extranjeros con un estatus migratorio irregular.

“Sin documentos que acrediten una residencia temporal o permanente no se podrá optar por un empleo digno, alquilar una vivienda, contratar un servicio, enviar a los niños a clases" explicó Gerardo Sánchez, de Solidaridad.

"A los niños y adolescentes se les pide que presenten cédulas de menores, y si sus padres no las tienen como residentes menos ellos. Y aquí las autoridades están siendo claras, quien no sea residente temporal o permanente no tiene cabida. El mensaje está claro” concluyó.

• DEPORTACIÓN
  Una persona será deportada cuando haya ingresado clandestinamente al país o sin cumplir las normas que reglamentan su ingreso o permanencia. Cuando haya obtenido el ingreso al país o su permanencia en él por medio de declaraciones o por la presentación de visas o documentos sobre los cuales existan indicios claros y precisos que hagan presumir su falsedad o alteración.
  
  También cuando permanezca en el país, una vez vencido el plazo autorizado y cuando haya sido conminado a abandonar el país, y no lo haga en el plazo dispuesto por la Dirección General.
  
  En estos casos la Dirección General ordenará la deportación de la persona extranjera a su país de origen o a un tercer país que lo admita. Una persona deportada no podrá reingresar al país por el término de cinco años, salvo si el director general la autoriza,
  excepcionalmente, mediante resolución fundada.
  
  EXPULSIÓN
  
  La expulsión es la orden emanada del Ministerio de Gobernación y Policía, en resolución razonada, por medio de la cual la persona extranjera que goce de permanencia legal bajo cualquier categoría migratoria, deberá abandonar el territorio nacional, en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que sus actividades comprometen la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público.
  
  Según el artículo 183, la persona extranjera expulsada no podrá reingresar al país por el término de diez años, excepto si lo autoriza expresamente, el presidente de la República.
  
  Si la causa de la expulsión se fundó en la comisión de un delito contra una persona menor de edad, siempre y cuando se trate de delitos dolosos, o bien, de agresiones o delitos contra la vida de la mujer o de personas discapacitadas o adultos mayores, la persona extranjera no podrá ingresar al país por el término de veinticinco años.

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